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La parálisis de la negociación colectiva rebaja a la mitad los trabajadores protegidos y frena el alza salarial

La parálisis de la negociación colectiva por la pandemia sigue teniendo efectos negativos en el panorama laboral. El pasado año ya se cerró con una caída del número de firmas de convenios del 69% y con tres millones de trabajadores menos protegidos por acuerdos colectivos (de 10,6 a 7,8 millones), independientemente del año de su firma. El alza salarial también se vio afectada por esta parálisis y por la crisis económica desencadenada, pero en menor medida, porque la inmensa mayoría de los trabajadores recibió sus incrementos en enero, ya que habían sido pactados en meses o años anteriores al estallido de la pandemia. Aun así, el aumento salarial medio pactado cerró el año pasado en el 1,89% frente al 2,33% con el que había terminado 2019.

El Ministerio de Trabajo dio a conocer ayer los datos estadísticos de los convenios registrados correspondientes a enero de 2021, que muestran como, lejos de recuperarse, la negociación colectiva se sigue desinflando. El mes pasado terminó con apenas tres millones de asalariados con sus condiciones laborales pactadas para este ejercicio, según los convenios registrados hasta enero con efectos económicos en 2021, lo que significa la mitad de los seis millones del mismo mes de 2020.

Y aunque enero no es un mes en el que habitualmente se firmen muchos convenios, este año solo se han registrado dos que afectan a 98 personas frente a los ocho firmados en enero de 2020 que protegían a casi 3.000 trabajadores.

Pero no solo ha caído el número de empleados protegidos por la negociación colectiva sino que esta caída ha repercutido también en que el incremento retributivo medio acordado haya pasado en un mes del 1,89% al 1,44%, debido a que, con el cambio de ejercicio, han decaído muchos convenios con alzas superiores provenientes de años previos con mayor bonanza salarial.
En el caso de los convenios de empresa –que en enero afectaban a 209.000 personas– el incremento salarial se sitúa en el entorno del 1%, ya sea del sector privado o público. Mientras que los sectoriales de ámbitos superiores a la empresa, que son los que dan protección a más personas se mantienen más altos: en el 1,66% de media para los convenios provinciales y del 1,84% para los autonómicos (ver tabla).

Sectorialmente, hay unas pocas actividades que aún mantenían incrementos salariales superiores al 2% en enero pasado, como la construcción (2,43% para casi 200.000 personas) o las actividades profesionales, científicas y técnicas (con un alza media pactada del 2,21% para 70.000 trabajadores). En ambos casos no se han visto especialmente perjudicados por la pandemia, pero los que sí, como la hostelería, han experimentado un fuerte recorte del avance retributivo, pasando de un incremento cercano al 2% al 1,2%.

Otra de las cuestiones que ha incidido en este freno en las alzas retributivas en los convenios en el arranque del año ha sido la congelación del salario mínimo interprofesional. Las notables subidas experimentadas en los años anteriores presionaban al alza de los niveles salariales más cercanos al mínimo en los convenios, elevando también los incrementos medios generales en la negociación colectiva.

Precisamente hoy, los sindicatos CC OO y UGT protagonizarán protestas de sus delegados, en demanda de dos cuestiones fundamentales. La primera reivindicación es una nueva subida del salario mínimo este año –de los 950 euros al entorno de los 1.000, que es actualmente el salario mínimo de convenio pactado por las cúpulas patronales y sindicales para 2020–. Y, en segundo lugar, exigirán la derogación de la reforma laboral de 2012, que mañana cumple nueve años. Estas protestas se llevarán a cabo a las 12 del mediodía frente a las puertas de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España (en Madrid serán delante del Ministerio de Asuntos Económicos).

La movilización se producirá un día después de que el pleno de la Eurocámara respaldara este miércoles un salario mínimo para el ámbito europeo, con el objetivo de impedir que existan personas que, aun trabajando, se encuentren en situación de pobreza. El texto aprobado propone, además, marcos comunes para pensiones y rentas mínimas en toda la UE.

(fuente cinco dias)