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El Gobierno aprobará la ley antidesahucios con compensación para propietarios

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El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos tiene la intención de aprobar en uno de los próximos consejos de Ministros el decreto que prohibirá los desahucios a hogares en alquiler sin alternativa habitacional «digna» hasta el 9 de mayo, confirman fuentes cercanas a una tensa y enredada negociación en la que están implicados hasta cinco ministerios, tres de ellos con vicepresidencia incluida. Aún faltan algunos flecos por atar, pero desde el Ejecutivo se prevé llegar a tiempo dados los avances de las últimas horas. En cualquier caso, la norma llegará al Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que acabe el año.

En el decreto se incluirá finalmente la compensación económica a pequeños y grandes propietarios (menos de 10 y más de 10 inmuebles, respectivamente) y todavía se estudia cómo añadir el decreto ley que prepara la vicepresidencia de Transición Ecológica para vetar el corte de suministros básicos, añaden las mismas fuentes.

Falta por ver cómo se articula la compensación a los tenedores de vivienda, uno de los asuntos que ha enfrentado a los dos socios de Gobierno en los últimos días pero que previsiblemente sí saldrá adelante una vez que Economía presente sus propuestas. Se baraja un contrapeso económico similar a las rentas medias de la zona en la que se encuentra situada la vivienda para los propietarios que tengan sus inmuebles inmovilizados durante más de tres meses, el plazo que tendrán los servicios sociales para encontrar una alternativa habitacional que deberá ser siempre una vivienda digna.

La parte del PSOE, con el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el de Asuntos Económicos y el de Justicia, aboga por compensar a los propietarios que se encuentren con sus viviendas inmovilizadas durante la vigencia del estado de alarma, mientras que Unidas Podemos rechaza la medida.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado este jueves que su formación no se siente «especialmente cómoda» respecto a la compensación a los grandes tenedores de vivienda, pues estas entidades tienen que «asumir una responsabilidad» al estar haciendo negocio «con un bien de primera necesidad» como es la vivienda.

Belarra ha destacado la importancia de que los grandes tenedores pongan sus viviendas vacías a disposición de las familias vulnerables mediante alquiler social o hacerlo en colaboración con las administraciones públicas. «No tiene sentido que un sector como el inmobiliario, que está ganado miles de millones en España por hacer negocio con la vivienda, ahora no pueda arrimar un poquito el hombro en plena pandemia, eso es lo que llamamos Responsabilidad Social Corporativa». Fuentes del ala morada han precisado, no obstante, que las contraprestaciones a los grandes tenedores «no son una línea roja», ya que «lo importante es que se acabe con los desahucios».

La fórmula que finalmente se idee para dar forma a estas compensaciones depende todavía de la cartea de Economía, que prepara sus propuestas. El ministro de Mitma y competente en vivienda, José Luis Ábalos, aseguró sin embargo el lunes que el Ejecutivo no estaba estudiando ninguna reparación hacia los propietarios, sino que únicamente valoraba cómo prever reclamaciones por responsabilidad penal contra el Estado, ya que era de suponer que los bancos y fondos de inversión llevasen a cabo acciones legales contra la medida.

También falta por ver si se llegará a tiempo para incluir en la ley el decreto que prohíbe los cortes de suministros básicos. El pasado martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, afirmó que el equipo de la vicepresidenta Teresa Ribera preparaba una disposición para incluir la prohibición del corte de suministros a las familias vulnerables, pero fuentes de Unidas Podemos explican este jueves que por el momento «no se les ha hecho llegar» ninguna propuesta al respecto.

La ley para prohibir los desahucios estará en vigor hasta el próximo 9 de mayo y dará cobertura a todos los hogares en situación de vulnerabilidad económica, esté esta motivada o no por la crisis sanitaria del coronavirus. El primer decreto para prohibir los lanzamientos, que finaliza el próximo 31 de diciembre, únicamente cubría a las familias vulnerables a raíz del Covid-19. Para el equipo del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, era importante atar que la alternativa habitacional tendrá que ser siempre «una vivienda digna», y no un albergue.

La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales de las comunidades autónomas a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente antes de decretar el desahucio. La medida también afectará a aquellas familias «en precario», es decir, okupadas, que estén en una vivienda de un gran tenedor. En este caso, las autonomías tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para estas familias.

Todo lo que rodea a los desahucios ha protagonizado uno de los enfrentamientos más duros en el seno del Gobierno de coalición, que debate enfrentado durante las últimas semanas asuntos como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la contrarreforma laboral o la ley para limitar los precios del alquiler.

(fuente cinco dias)

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