La economía española afronta una ralentización motivada por los efectos de la globalización, la incertidumbre política y económica que provoca desconfianza en los inversores, un obsoleto modelo productivo que cada vez se desindustrializa más y se centra en el sector terciario y el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. En el ámbito laboral existe una actual tendencia al alza en el volumen de despidos individuales y en los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos o reducción de la jornada. Todo ello, junto con las últimas reformas laborales y las próximas que se van a ir aprobando, posiciona las cuestiones laborales en el centro de las decisiones estratégicas de las empresas.
En este contexto, los acuerdos de investidura del actual Gobierno contienen múltiples medidas laborales de calado que van a encarecer aún más los costes laborales y que, previsiblemente, dificultarán las inversiones y el desarrollo empresarial. Algunas de estas medidas ya se han aprobado como, por ejemplo, el incremento del salario mínimo interprofesional en un 5 % adicional (con una subida acumulada del 54 % desde 2018) o de las cotizaciones a la Seguridad Social, incrementándose las bases máximas también en un 5 %, así como la obligación de dar de alta y cotizar por las personas que realicen prácticas académicas no remuneradas. Otras medidas, sin embargo, están en proceso de elaboración o de negociación. Por ejemplo, restricciones en el uso de medidas de flexibilidad interna, que limita la posibilidad de efectuar modificaciones de condiciones de trabajo o de acudir a la inaplicación temporal de un convenio colectivo pese a existir causas que lo justifiquen. También se pretende restringir el uso de la flexibilidad externa, limitando la causalidad de los despidos o incrementando el coste de las indemnizaciones por despido.
Junto a lo anterior, se quiere instaurar la prioridad aplicativa de los convenios colectivos autonómicos frente a los estatales, ampliar los permisos laborales (por ejemplo, por nacimiento de hijo) o reducir la jornada laboral hasta las 38,5 horas semanales en 2024 y hasta 37,5 horas semanales en 2025, manteniendo el mismo salario. Es posible, aunque no se puede confirmar todavía, que la reducción del tiempo de trabajo se realice considerando la jornada en promedio en cómputo anual, lo cual deberá trasladarse a los convenios colectivos, de forma que se permita cierta flexibilidad para que las empresas puedan adaptar la jornada semanal conforme a ese promedio.
También se pretenden introducir cambios en el registro obligatorio de la jornada diaria de trabajo para garantizar que el control sea fiable, transparente y accesible, lo cual deberá poder ser comprobado en remoto por parte de la inspección de Trabajo. Y se prevé un cambio en el régimen sancionador de forma que se incrementen los importes de las multas y se puedan sancionar los incumplimientos por cada empleado y no por cada empresa como en la actualidad.
En definitiva, este entorno caracterizado en España por unos crecientes costes laborales y por una compleja situación económica y política puede repercutir muy notablemente en la adopción de decisiones empresariales, tanto de inversión, como de organización de las actuales estructuras en caso de ser necesaria la realización de ajustes para adaptarse a la situación existente.
Además de las ya apuntadas, serán también claves cuestiones laborales como el fomento de la igualdad y la paridad en los órganos de administración de las empresas, la gestión de las medidas de conciliación de la vida personal y laboral, el impacto laboral de las medidas ESG, la lucha contra el absentismo, la mejora de la productividad en un entorno de limitación del tiempo de trabajo y la transparencia en las condiciones laborales y en el ámbito retributivo. Indudablemente, será fundamental el control de los costes laborales en un contexto de incremento generalizado de las cargas que soportan las empresas en el que la competencia se mide a nivel global y en el que, inevitablemente, se tendrán que adoptar medidas laborales para adaptarse a la realidad imperante.
Eloy Castañer Payá, socio responsable del departamento laboral de Garrigues.
