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Nula utilización de las nuevas prestaciones de los autónomos

Mientras que las ayudas para los asalariados a través de los Ertes se han ido prorrogando, en el caso de los autónomos la prestación extraordinaria por cese de actividad creada para paliar el efecto del estado de alarma terminó su vigencia el 30 de junio. Sin embargo, el Ministerio de la Seguridad Social creó dos figuras nuevas para paliar en parte las dificultades de muchos profesionales por cuenta propia para volver a su actividad, plenamente o de forma parcial.

Por un lado, una nueva prestación extraordinaria para los autónomos con actividades de temporada y, por otra, permitió que el resto de autónomos pudiesen solicitar la prestación ordinaria por cese de actividad con la posibilidad de compaginar este importe con ingresos procedentes de su trabajo. Pues bien, según resalta Eduardo Abad, secretario general de Upta, el uso de ambas figuras ha sido ínfima, pues a la primera se han acogido solo 1.689 autónomos de temporada y a la segunda 162.253, según los datos de la ejecución de las prestaciones a los que ha tenido acceso eE.

Requisitos mal diseñados

En ambos casos, el fracaso es palmario, aunque es más sangrante en la nueva prestación extraordinaria generada para los autónomos de temporada. La figura se creó pensando en determinadas actividades limitadas a los meses de verano como la hostelería en zonas turísticas, pero también una parte de los artistas y feriantes ligados a las fiestas estivales. O relacionadas con el ocio y el cuidado de niños durante estos meses, como las ludotecas, y muchas academias de profesores particulares. Abad apunta que muchas de ellas dependen de la contratación directa de los ayuntamientos que este año han restringido al máximo todos los eventos festivos por miedo a rebrotes.

«Diseñamos mal esta nueva prestación de temporada, lo que ha hecho que muchos profesionales no hayan podido solicitarla». En concreto, para poder acogerse a ella se exigía que estos autónomos trabajasen en ese oficio de marzo a octubre y que estuviesen dados de alto en los dos últimos años. Sin embargo, apunta el dirigente de Upta, muchos de estos colectivos no pueden cumplir los requisitos. Lo que explica el poco uso de la prestación y, muy significativamente, el alto porcentaje de solicitudes rechazadas, algo más del 52% de las 3.525 presentadas.

La baja efectividad de las prestaciones ordinarias surgidas a raíz del 1 de junio, que permiten compaginar el pago con una actividad a bajo rendimiento, y las destinada a los autónomos de temporada se ha visto, igualmente plasmada, en el coste que ha supuesto para las arcas de la Seguridad Social.

Según los datos de la Mutuas de Trabajo, encargada de gestionar las prestaciones a los profesionales por cuenta propia, la prestación para los autónomos de temporada ha sumado en los dos meses de vigencia 2,41 millones de euros (1,35 millones en julio y 1,06 millones en agosto). Superior ha sido en el caso de la nueva prestación de cese ordinaria por el Covid que en ambos meses ha acumulado 260 millones de euros (112 millones en julio y 148 millones en agosto). Muy lejos de los 3.755 millones que ha supuesto la prestación extraordinaria de la que se han favorecido entre abril y agosto 1.477.195 personas.

Sumando el coste de las prestaciones extraordinarias que se han cobrado en julio y agosto (36 millones de euros), entre los dos últimos meses estivales la Seguridad Social ha tenido que afrontar un desembolso de 299 millones de euros. Lo que significa que el apoyo a los autónomos ha tenido un coste hasta el 31 de agosto de 4.029 millones.

Una nueva prestación

Eduardo Abad declara a eE que la falta de eficacia de las dos herramientas puestas en marcha el 1 de julio han generado serios problemas para estos colectivos. Por este motivo, como responsable de Upta solicitará al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que se reúne este miércoles con las organizaciones de los autónomos, que se vuelva a poner en marcha una prestación extraordinaria, como la que estuvo en vigor durante los meses de abril, mayo y junio.

Se limitaría a aquellos sectores que lo precisan ante la imposibilidad de poder volver a la actividad y, en especial, los de temporada que han perdido el verano sin contar con ningún ingreso, ni por parte de su actividad, ni mediante una prestación que se ha mostrado ineficaz. Abad solicitará la ministro Escrivá que se apruebe con algún tipo de carácter retroactivo para ayudar a estos colectivos.

Pero, además, pretende que esta nueva prestación de cobertura a los profesionales por cuenta propia que se vean afectados por los rebrotes. Sería una especie de prestación extraordinaria por cese de actividad con motivo de medidas que adopten las administraciones por rebrotes en los contagiados. Abad apunta que se trataría de una figura similar a los Ertes de rebrote que amparan a los asalariados.

El 29%, 430.00 beneficiados, trabajan en el sector turístico

El Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés Verelst, ha desvelado esta semana en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que en el sector turismo, las prestación extraordinaria por cese de actividad ha beneficiado hasta el 4 de septiembre a 428.657 autónomos, con un coste de 1.071 millones de euros. Eso supone algo más del 29% del total de los trabajadores por cuenta propia que se han beneficiado de la ayuda públíca. Valdés también desveló que en el caso de los Ertes (algunos de cuyos expedientes han sido solicitados por autónomos con trabajadores a su cargo), tres de cada cuatro trabajadores que estaban en expediente se han ido reincorporado a sus trabajos. Sin embargo, de los 812.438 asalariados que permanecían bajo Erte al cierre del mes de agosto, un 40% pertenecen al sector turístico, en concreto 325.578 personas. La coste de los Ertes para el sector turístico ha supuesto a las arcas pública un total de 2.621 millones de euros. En términos de empleo, en julio de 2020 los afiliados vinculados a actividades turísticas hayan decrecido interanualmente en 302.889 trabajadores en alta laboral, un 11,6% menos que a idéntico mes de 2019, suponiendo prácticamente la mitad del total de afiliados perdidos por el conjunto de la economía española (616.496).

(fuente el economista)

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